Juan J. Paz y Miño C.
Un golpe de Estado producido el 9 de
julio de 1925 por la joven oficialidad del Ejército, dio inicio al ciclo
de los gobiernos julianos: la primera Junta Provisional (6 meses), la
segunda Junta (3 meses) y la presidencia de Isidro Ayora (1926-1931).
Aquella incursión militar es comparable con el Tenentismo en Brasil y
con el movimiento de la joven oficialidad en Chile, por aquella misma
época.
La importancia de este ciclo histórico
en Ecuador radica en varios procesos: fue la primera vez que el Estado
fiscalizó a la corrupta banca privada de la época, la sancionó y, con
ayuda de la Misión Kemmerer, creó el Banco Central (BCE) como única
entidad emisora de billetes, acabando así con los negociados que hasta
entonces hizo la banca privada con la sobre emisión monetaria y el
endeudamiento al fisco; adicionalmente se creó la Superintendencia de
Bancos. También fue la primera vez que se creó el sistema nacional de
impuestos directos, mediante la introducción del impuesto a la renta
(1928 – del que fueron excluidos los trabajadores asalariados), y del
impuesto a las utilidades del capital (algo que aún no se ha logrado
revivir en nuestros días); pero también se acabó con los rematistas de
impuestos (agentes privados que los cobraban a nombre del Estado y que
hizo posible las fortunas fraudulentas), y se estableció un régimen
impositivo proteccionista para impulsar la industria nacional.
Finalmente, se introdujo la nueva institucionalización social en el
país, mediante la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo,
la Caja de Pensiones (antecesora del IESS), las Direcciones nacional y
provinciales de Salud, la reforma educativa en todos los niveles, así
como una flamante legislación laboral guiada por el principio
pro-operario, el contrato individual, el colectivo, la sindicalización,
el derecho a la huelga, la jornada diaria y semanal máximas, el pago de
horas extras, las indemnizaciones por despidos; y, adicionalmente la
introducción del principio de función social de la propiedad y un esbozo
de reforma agraria para dar tierras a comunidades carentes de ellas,
todo lo cual quedó fijado en la Constitución de 1929, que inauguró una
nueva época en el derecho.
Como puede advertirse, los julianos
sentaron las bases para la superación del sistema oligárquico
tradicional, un proceso lento, que se prolongó en el país hasta las
décadas “desarrollistas” de 1960 y 1970. Fue inédita su política de
ajuste de cuentas a la banca privada, que movilizó en Guayaquil el
regionalismo y el autonomismo para enfrentar la creación del BCE.
Gracias a la inédita potenciación de capacidades estatales, los julianos
se anticiparon a ese desarrollismo y se podría decir que se anticiparon
también al keynesianismo. Además, ejecutaron una política
social comparable a la que años más tarde introdujo el presidente
demócrata Franklin D. Roosevelt (1933-1945) para superar la famosa
“crisis de los años 30” en los EE.UU. Los julianos igualmente formaron
parte de los gobiernos populistas latinoamericanos de la época,
entre los que suele destacarse a Lázaro Cárdenas en México, Juan
Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil. Y con los
julianos nació en Ecuador el espacio político de la izquierda, no solo
reflejado en las acciones de sus gobiernos, sino por la coyuntura
favorable para la fundación de los partidos Socialista (1926) y
Comunista (1931), que de otro modo no habría sido posible.
El julianismo fue, por tanto, uno de los
escasos ciclos de la historia gubernamental ecuatoriana en el que se
acelera la modernización y el avance nacionales, sobre la base de un
proyecto sólido y consistente de construcción de un nuevo país. Sus
gobiernos también inauguraron el reformismo y el progresismo
ecuatorianos que en el siglo XX solo tuvieron contados momentos de vigor
y crecimiento, como el que se dio entre 2007-2017, heredero de las
tendencias inauguradas por el julianismo.
La historia de los gobiernos julianos
fue silenciada a propósito. No se quiso dejar huellas de lo que habían
hecho, es decir, de la imposición de los intereses nacionales sobre los
intereses privados, así como de la sujeción de la oligarquía financiera y
comercial a la autoridad del Estado, y, además, de la
institucionalización de la cuestión social, que afectó antiguos poderes
regionales y particulares.
En una fecha coincidente con el
aniversario 93, merece recordarse a la Revolución Juliana, para
comprender que lo que se hizo en aquella época es una tarea que requiere
retomarse algún momento, debido a que en el Ecuador del presente se
abandonó todo proyecto reformista o progresista de edificación de un
nuevo país, para dar paso exclusivamente a un simple proyecto de
negocios de las elites empresariales aprovechando del país.
Revolución Juliana
tomado de alai net.
Opinión
10/07/2011
El 9 de Julio de 1925 la joven oficialidad del Ejército tomó el poder. Se inició así la Revolución Juliana, que comprendió dos Juntas Provisionales de gobierno y la presidencia de Isidro Ayora (1926-1931).
La Revolución
se produjo bajo una serie de condiciones: la severa crisis económica,
el agotamiento del Estado Liberal, el declive del bipartidismo
liberal-conservador, el despertar del movimiento obrero, un ambiente
internacional de avance de la conciencia social, la instalación del
socialismo en la Unión Soviética
(1917). Sobre todo, fue una reacción contra las poderosas oligarquías,
particularmente de la bancaria, que habían mantenido sujeto al Estado
como instrumento de sus intereses.
Hasta
este momento, los bancos eran emisores de billetes, controlaban el
régimen monetario y eran prestamistas de los gobiernos. Todavía existían
cuentas públicas descentralizadas y hasta autónomas, sujetas al manejo
privado y político. Y los primeros núcleos de trabajadores carecían de
derechos fundamentales, en un país hegemonizado por el sistema
oligárquico-terrateniente.
Los
gobiernos julianos por primera vez fiscalizaron a los bancos,
centralizaron las rentas y organizaron la hacienda pública bajo una Ley
de Presupuesto. Con el concurso de la Misión norteamericana de Edwin W. Kemmerer, crearon el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría. Los julianos inauguraron la misión social del Estado, con el Ministerio de Previsión Social, la Caja
de Pensiones, las Direcciones de Salud y leyes sobre contratos
laborales, salario, jornada y sindicatos. Este conjunto de políticas,
que por primera vez en la historia definió el activo papel del Estado en
la economía y en el trabajo, fue ampliamente respaldado por los
sectores medios y populares del país. Naturalmente provocó la reacción
de las oligarquías y en especial de la plutocracia que lanzó una campaña
regionalista permanente, intentando movilizar el “guayaquileñismo” y
sosteniendo que “el oro de la Costa se quieren llevar los serranos”.
Pero la Revolución Juliana,
que incluso se inició en Guayaquil, recibió amplio respaldo popular en
la misma ciudad. Víctor E. Estrada, ilustre banquero guayaquileño, no
solo saludó a los julianos, sino que se consideró un precursor de sus
ideas económicas. El esfuerzo de los gobiernos julianos por obras y
mejores condiciones de salubridad y servicios médicos en Guayaquil fue
reconocido en la misma época. Y la legislación social protegió algo más a
los trabajadores, de cuyas filas provinieron los muertos del 15 de
noviembre de 1922, víctimas de la represión de las mismas oligarquías
que resistieron a las transformaciones julianas.
En las fiestas de Guayaquil y en el calendario histórico del Ecuador, la Revolución Juliana
ocupa un sitial importante por su posición social y antioligárquica.
Por eso es que los grupos de poder procuran tapar el significado de
dicha revolución para el Ecuador y en Guayaquil la tildan de
“ignominiosa”. Ese tipo de ataques, como en la actualidad, siempre han
estado presentes cuando existen gobiernos que golpean los intereses de
las elites del poder.
Publicado en El Telégrafo
Ecuador, lunes 13 de julio de 2009
- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com
https://www.alainet.org/es/active/56349
Revive la plutocracia
tomado de alai net.
Análisis
13/08/2018
Empresarios ecuatorianos
Al
comenzar el siglo XX, Ecuador era un país regionalizado, con poderes
locales y particulares, contra los que poco o nada podía hacer el
Estado, pues sus capacidades económicas e institucionales eran
raquíticas. En tales condiciones apenas podía imponerse la autoridad, la
ley, el orden y el interés públicos, como podía esperarse de un Estado
moderno.
En esa sociedad oligárquica, la “libertad económica” fue entendida como respeto y predominio absoluto de las actividades privadas, sin intervencionismo estatal. En consecuencia, las reducidas elites de la Sierra y de la Costa (hacendados, agroexportadores, comerciantes, banqueros y uno que otro industrial), que controlaban la riqueza, obraban como si el país les perteneciera.
Las cámaras de comercio, agricultura e industria, creadas en Guayaquil (1889) y Quito (1906), fueron reconocidas por la ley como consultoras obligadas de los gobiernos y sus criterios económicos debían observarse. Los bancos privados controlaban el sistema monetario-financiero y cuatro de ellos (B. Del Ecuador, B. Comercial y Agrícola, B. Del Pichincha y B. Del Azuay) tenían el monopolio de la emisión. Los esfuerzos de Eloy Alfaro por industrializar al país fracasaron. Las finanzas del Estado, siempre pobres, dependían de los créditos bancarios, el cobro de impuestos indirectos especialmente al comercio externo, y la venta de algunos productos (estancos) o servicios. Durante el “período plutocrático” (1912-1925) los banqueros y sus aliados económicos eran, literalmente, “dueños” del país.
Con los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) se inició un largo proceso de superación del régimen oligárquico. Se intervino y fiscalizó a los bancos y empezó el desarrollo de capacidades económicas del Estado, con la creación del Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos (1927), logrados con el concurso de la Misión norteamericana Kemmerer, pues antes todo intento similar fue combatido. También se logró el impuesto a la renta (1928) y, además, sobre utilidades y herencias, que son resistidos y evadidos por las capas ricas hasta nuestros días. Y, finalmente, se alcanzaron amplias leyes protectoras del trabajo: contrato individual y colectivo, jornada máxima, salario mínimo, sindicalización, huelga, indemnizaciones, consagrados en la Constitución de 1929; pero, además, se crearon la Caja de Pensiones (antecesora del IESS), las Direcciones de Salud y el Ministerio de Previsión Social.
El lento y largo proceso antioligárquico en Ecuador no se consolidó con los julianos, pues prácticamente fue interrumpido entre 1931-1948, con la crisis generalizada de la economía y del régimen político (hubo 20 gobiernos). Fue una dictadura militar, la del general Alberto Enríquez Gallo, la que expidió el Código del Trabajo (1938).
Galo Plaza (1948-1952) se interesó por el fortalecimiento estatal a las actividades privadas; pero sólo con la década de 1960 se levantó el “desarrollismo”, que fortaleció capacidades estatales, al mismo tiempo que bajo su amparo creció la empresa privada. El desarrollismo vino de la mano de una dictadura (Junta Militar, 1963-1966) que impuso la reforma agraria (1964) que liquidó el viejo sistema de las haciendas, antes imposible. En la década de 1970, dos dictaduras militares fortalecieron el desarrollismo y gracias a la riqueza petrolera, controlada por el Estado, el país se modernizó como nunca antes, a tal punto que en los estudios sociales de la época se sostenía que podía hablarse de un Ecuador antes del petróleo y de otro, después.
Durante la trayectoria resumida, ha sido una constante histórica la reacción de la burguesía ecuatoriana al “estatismo”, que ha servido como idea central para su rechazo a los impuestos, al fortalecimiento de las capacidades regulatorias del Estado, a la institucionalidad pública y los servicios estatales. También ha servido contra los gobiernos inclinados a favorecer a los trabajadores, y más aún contra todo aquel que intente redistribuir la riqueza, procurar equidad y crear condiciones sociales de bienestar, afectando a los intereses privados para imponer los intereses nacionales.
La atrasada y conservadora elite empresarial del Ecuador ha tildado como “estatistas” y hasta “comunistas” a los gobiernos de Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984) y Rodrigo Borja (1988-1992). El de Rafael Correa (2007-2017), según esa misma elite, se lleva el premio mayor del estatismo, el autoritarismo, la corrupción y el populismo izquierdista, y su memoria histórica debiera desaparecer.
En cambio, esa clase dominante ubica en la línea correcta del impulso económico a los gobiernos sucesores del empresario León Febres Cordero (1984-1988) que continuaron su política para afirmar el modelo empresarial, consolidado hasta inicios del nuevo milenio, en un ambiente mundial favorecido por la globalización capitalista, el derrumbe del socialismo y la difusión de la ideología neoliberal.
Si se observa con cuidado el proceso económico ecuatoriano del siglo XX, cabe entender que hay una constante histórica en las elites del poder: entienden por libertad económica el dominio directo de su modelo empresarial, prefieren un Estado que poco o nada intervenga en regular los negocios o el trabajo, consideran suyas y naturales las actividades privadas sobre las cuales el Estado nada debe regular, creen que la acumulación de su riqueza proviene de su propio trabajo emprendedor. Por ello, no están dispuestas a pagar impuestos, redistribuir la riqueza, mejorar salarios y crear condiciones favorables de vida social. El neoliberalismo ha servido para enriquecer sus elementales conceptos económicos.
Ese manejo de valores y conceptos representa la visión oligárquica tradicional y no la visión modernizadora de burguesías emprendedoras y constructoras de un país.
Las sobreemisiones bancarias de la época plutocrática, la persistente evasión y elusión tributarias, la condonación de deudas al Estado, la remisión de intereses y multas, el perdón al pago de impuestos, tanto como la sucretización de las deudas privadas (1983 y 1987), el feriado y los salvatajes bancarios (1999-2000), la dolarización (2000) o la Ley “Trole 3” (2018), además de una amplia gama de corruptelas privadas, se ubican en la misma línea de comportamiento oligárquico: el país parece tener dueños a quienes no importa más que el interés privado. Desde luego, hay gobiernos que se subordinan a ese poder.
Ecuador, lunes 13 de agosto de 2018
- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.
Blog Historia y Presente
http://www.historiaypresente.com/
En esa sociedad oligárquica, la “libertad económica” fue entendida como respeto y predominio absoluto de las actividades privadas, sin intervencionismo estatal. En consecuencia, las reducidas elites de la Sierra y de la Costa (hacendados, agroexportadores, comerciantes, banqueros y uno que otro industrial), que controlaban la riqueza, obraban como si el país les perteneciera.
Las cámaras de comercio, agricultura e industria, creadas en Guayaquil (1889) y Quito (1906), fueron reconocidas por la ley como consultoras obligadas de los gobiernos y sus criterios económicos debían observarse. Los bancos privados controlaban el sistema monetario-financiero y cuatro de ellos (B. Del Ecuador, B. Comercial y Agrícola, B. Del Pichincha y B. Del Azuay) tenían el monopolio de la emisión. Los esfuerzos de Eloy Alfaro por industrializar al país fracasaron. Las finanzas del Estado, siempre pobres, dependían de los créditos bancarios, el cobro de impuestos indirectos especialmente al comercio externo, y la venta de algunos productos (estancos) o servicios. Durante el “período plutocrático” (1912-1925) los banqueros y sus aliados económicos eran, literalmente, “dueños” del país.
Con los gobiernos de la Revolución Juliana (1925-1931) se inició un largo proceso de superación del régimen oligárquico. Se intervino y fiscalizó a los bancos y empezó el desarrollo de capacidades económicas del Estado, con la creación del Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos (1927), logrados con el concurso de la Misión norteamericana Kemmerer, pues antes todo intento similar fue combatido. También se logró el impuesto a la renta (1928) y, además, sobre utilidades y herencias, que son resistidos y evadidos por las capas ricas hasta nuestros días. Y, finalmente, se alcanzaron amplias leyes protectoras del trabajo: contrato individual y colectivo, jornada máxima, salario mínimo, sindicalización, huelga, indemnizaciones, consagrados en la Constitución de 1929; pero, además, se crearon la Caja de Pensiones (antecesora del IESS), las Direcciones de Salud y el Ministerio de Previsión Social.
El lento y largo proceso antioligárquico en Ecuador no se consolidó con los julianos, pues prácticamente fue interrumpido entre 1931-1948, con la crisis generalizada de la economía y del régimen político (hubo 20 gobiernos). Fue una dictadura militar, la del general Alberto Enríquez Gallo, la que expidió el Código del Trabajo (1938).
Galo Plaza (1948-1952) se interesó por el fortalecimiento estatal a las actividades privadas; pero sólo con la década de 1960 se levantó el “desarrollismo”, que fortaleció capacidades estatales, al mismo tiempo que bajo su amparo creció la empresa privada. El desarrollismo vino de la mano de una dictadura (Junta Militar, 1963-1966) que impuso la reforma agraria (1964) que liquidó el viejo sistema de las haciendas, antes imposible. En la década de 1970, dos dictaduras militares fortalecieron el desarrollismo y gracias a la riqueza petrolera, controlada por el Estado, el país se modernizó como nunca antes, a tal punto que en los estudios sociales de la época se sostenía que podía hablarse de un Ecuador antes del petróleo y de otro, después.
Durante la trayectoria resumida, ha sido una constante histórica la reacción de la burguesía ecuatoriana al “estatismo”, que ha servido como idea central para su rechazo a los impuestos, al fortalecimiento de las capacidades regulatorias del Estado, a la institucionalidad pública y los servicios estatales. También ha servido contra los gobiernos inclinados a favorecer a los trabajadores, y más aún contra todo aquel que intente redistribuir la riqueza, procurar equidad y crear condiciones sociales de bienestar, afectando a los intereses privados para imponer los intereses nacionales.
La atrasada y conservadora elite empresarial del Ecuador ha tildado como “estatistas” y hasta “comunistas” a los gobiernos de Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo Hurtado (1981-1984) y Rodrigo Borja (1988-1992). El de Rafael Correa (2007-2017), según esa misma elite, se lleva el premio mayor del estatismo, el autoritarismo, la corrupción y el populismo izquierdista, y su memoria histórica debiera desaparecer.
En cambio, esa clase dominante ubica en la línea correcta del impulso económico a los gobiernos sucesores del empresario León Febres Cordero (1984-1988) que continuaron su política para afirmar el modelo empresarial, consolidado hasta inicios del nuevo milenio, en un ambiente mundial favorecido por la globalización capitalista, el derrumbe del socialismo y la difusión de la ideología neoliberal.
Si se observa con cuidado el proceso económico ecuatoriano del siglo XX, cabe entender que hay una constante histórica en las elites del poder: entienden por libertad económica el dominio directo de su modelo empresarial, prefieren un Estado que poco o nada intervenga en regular los negocios o el trabajo, consideran suyas y naturales las actividades privadas sobre las cuales el Estado nada debe regular, creen que la acumulación de su riqueza proviene de su propio trabajo emprendedor. Por ello, no están dispuestas a pagar impuestos, redistribuir la riqueza, mejorar salarios y crear condiciones favorables de vida social. El neoliberalismo ha servido para enriquecer sus elementales conceptos económicos.
Ese manejo de valores y conceptos representa la visión oligárquica tradicional y no la visión modernizadora de burguesías emprendedoras y constructoras de un país.
Las sobreemisiones bancarias de la época plutocrática, la persistente evasión y elusión tributarias, la condonación de deudas al Estado, la remisión de intereses y multas, el perdón al pago de impuestos, tanto como la sucretización de las deudas privadas (1983 y 1987), el feriado y los salvatajes bancarios (1999-2000), la dolarización (2000) o la Ley “Trole 3” (2018), además de una amplia gama de corruptelas privadas, se ubican en la misma línea de comportamiento oligárquico: el país parece tener dueños a quienes no importa más que el interés privado. Desde luego, hay gobiernos que se subordinan a ese poder.
Ecuador, lunes 13 de agosto de 2018
- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica.
Blog Historia y Presente
http://www.historiaypresente.com/
https://www.alainet.org/es/articulo/194690
Revolución Juliana: 91 años
tomado de alai net.
Opinión
11/07/2016
Ecuador
acaba de conmemorar los 91 años de la Revolución Juliana, iniciada el 9
de julio de 1925 como un golpe de Estado de la joven oficialidad del
Ejército, y que comprendió dos juntas provisionales y el gobierno de
Isidro Ayora (1926-1931).
Los gobiernos julianos inauguraron el activo rol del Estado en la economía (limitado a la esfera monetario-financiera), con la creación de varias instituciones y especialmente del Banco Central (BCE), que acabó con el dominio bancario privado en el control de la emisión de billetes y otros instrumentos monetarios. La oligarquía bancaria, particularmente la de Guayaquil, nunca perdonó semejante “intromisión”.
Los julianos igualmente inauguraron la obligada atención del Estado a las clases trabajadoras, por lo cual crearon el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, las Direcciones de Salud, la Caja de Pensiones (antecesora del IESS); dictaron leyes sobre contrato individual y colectivo, salario mínimo, jornada máxima, sindicalización, huelga e indemnizaciones; y en la Constitución de 1929 fijaron los principios laborales e incluso el de función social de la propiedad y, además, el de reforma agraria.
También fue pionera la preocupación juliana por el reparto de la riqueza, de modo que impusieron el impuesto a la renta, otro sobre utilidades empresariales, sobre patrimonios y herencias.
El “gasto estatal” centrado en la inversión social y varias obras públicas, así como los principios laborales, las políticas gubernamentales, las leyes y las instituciones julianas generaron un modelo político y económico inédito en la historia ecuatoriana, con el cual se inició el largo proceso de superación del régimen oligárquico, que marca al siglo XX. Por esos fundamentos y el apoyo al nacimiento de los partidos Socialista (1924) y Comunista (1931), la Revolución Juliana bien puede considerarse como el primer gobierno de izquierda en Ecuador, aunque no haya sido propiamente marxista.
Los julianos ejecutaron un programa comparable al del New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) en los EE.UU., se anticiparon a algunas de las visiones keynesianas sobre la economía, demostraron la influencia de las ideas socialistas expandidas a raíz del triunfo de la Revolución Rusa (1917), compartieron similares principios y orientaciones mantenidos por los mal llamados gobiernos “populistas” de la América Latina de la primera mitad del siglo XX (Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina), expresaron un nuevo eje de poder que articuló clases medias y sectores populares, y provocaron las reacciones de los banqueros y de la oligarquía de la época, desplazados del manejo directo del Estado, al que estaban acostumbrados.
Desde aquellos años, son las élites del poder económico las que se han lanzado contra el “estatismo”, han cuestionado los impuestos y particularmente el de rentas, han objetado las políticas sociales y han cuestionado las instituciones y servicios públicos. La Revolución Juliana constituye un hito para la historia del Ecuador contemporáneo.
Ecuador, lunes 11 de julio de 2016
- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com
Publicado en El Telégrafo 11/7/2016
Los gobiernos julianos inauguraron el activo rol del Estado en la economía (limitado a la esfera monetario-financiera), con la creación de varias instituciones y especialmente del Banco Central (BCE), que acabó con el dominio bancario privado en el control de la emisión de billetes y otros instrumentos monetarios. La oligarquía bancaria, particularmente la de Guayaquil, nunca perdonó semejante “intromisión”.
Los julianos igualmente inauguraron la obligada atención del Estado a las clases trabajadoras, por lo cual crearon el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, las Direcciones de Salud, la Caja de Pensiones (antecesora del IESS); dictaron leyes sobre contrato individual y colectivo, salario mínimo, jornada máxima, sindicalización, huelga e indemnizaciones; y en la Constitución de 1929 fijaron los principios laborales e incluso el de función social de la propiedad y, además, el de reforma agraria.
También fue pionera la preocupación juliana por el reparto de la riqueza, de modo que impusieron el impuesto a la renta, otro sobre utilidades empresariales, sobre patrimonios y herencias.
El “gasto estatal” centrado en la inversión social y varias obras públicas, así como los principios laborales, las políticas gubernamentales, las leyes y las instituciones julianas generaron un modelo político y económico inédito en la historia ecuatoriana, con el cual se inició el largo proceso de superación del régimen oligárquico, que marca al siglo XX. Por esos fundamentos y el apoyo al nacimiento de los partidos Socialista (1924) y Comunista (1931), la Revolución Juliana bien puede considerarse como el primer gobierno de izquierda en Ecuador, aunque no haya sido propiamente marxista.
Los julianos ejecutaron un programa comparable al del New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) en los EE.UU., se anticiparon a algunas de las visiones keynesianas sobre la economía, demostraron la influencia de las ideas socialistas expandidas a raíz del triunfo de la Revolución Rusa (1917), compartieron similares principios y orientaciones mantenidos por los mal llamados gobiernos “populistas” de la América Latina de la primera mitad del siglo XX (Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, Juan Domingo Perón en Argentina), expresaron un nuevo eje de poder que articuló clases medias y sectores populares, y provocaron las reacciones de los banqueros y de la oligarquía de la época, desplazados del manejo directo del Estado, al que estaban acostumbrados.
Desde aquellos años, son las élites del poder económico las que se han lanzado contra el “estatismo”, han cuestionado los impuestos y particularmente el de rentas, han objetado las políticas sociales y han cuestionado las instituciones y servicios públicos. La Revolución Juliana constituye un hito para la historia del Ecuador contemporáneo.
Ecuador, lunes 11 de julio de 2016
- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com
Publicado en El Telégrafo 11/7/2016
https://www.alainet.org/es/articulo/178721
¿Oligarquías o burguesías?
tomado de alai net.
Opinión
07/07/2015
En
pocos días se conmemorará un aniversario más de la Revolución del 9 de
julio de 1925, cuyo ciclo histórico incluye 2 Juntas de Gobierno y la
presidencia de Isidro Ayora (1926-1931).
Los gobiernos julianos iniciaron la superación del régimen oligárquico-terrateniente, que rigió al país desde su nacimiento como república en 1830. Le caracterizó la hegemonía estatal y despótica de un conjunto de familias concentradoras del poder económico en las haciendas, la agroexportación, el comercio, los bancos privados y una incipiente clase industrial que solo aparece a fines del siglo XIX.
Campesinos, montubios, indígenas y trabajadores en general tuvieron salarios miserables o carecieron de ellos; no existía legislación laboral, tampoco impuestos directos y redistributivos. La oligarquía gozaba de una libertad inigualable y acumulaba riqueza. Forjó así su mentalidad de clase dominante, de manera que cuando la Revolución Juliana por primera vez en la historia nacional impuso el intervencionismo económico del Estado, expidió modernas leyes laborales, dictó la progresista Constitución de 1929, introdujo la “función social” de la propiedad y, sobre todo, fiscalizó a los bancos, creó el Banco Central, institucionalizó el impuesto sobre las rentas e incluso otro sobre las ganancias del capital, la oligarquía estalló: acusó a los gobiernos julianos de “comunistas”, organizó en Guayaquil “guardias cívicas” para proteger la propiedad privada, inauguró marchas de crespones negros contra el “estatismo” y desplegó una campaña mediática inédita en la prensa bajo su control, para defender las libertades supuestamente conculcadas, los patrimonios familiares que el Estado quería supuestamente llevarse y hasta contra la Misión norteamericana Kemmerer, que llegó al país como asesora financiera.
Finalizado el ciclo de los gobiernos julianos, nuevamente esa misma oligarquía recuperó el poder. Pero no pudo desmontar completamente la nueva institucionalidad. Sin embargo, desde entonces y como en una sucesión de oleadas políticas, Ecuador procuró desmontar definitivamente las herencias del sistema oligárquico, como ocurrió con “La Gloriosa” revolución de 1944, y con los gobiernos “desarrollistas” de las décadas de 1960 y 1970 que lograron la modernización capitalista del país.
Los gobiernos julianos iniciaron la superación del régimen oligárquico-terrateniente, que rigió al país desde su nacimiento como república en 1830. Le caracterizó la hegemonía estatal y despótica de un conjunto de familias concentradoras del poder económico en las haciendas, la agroexportación, el comercio, los bancos privados y una incipiente clase industrial que solo aparece a fines del siglo XIX.
Campesinos, montubios, indígenas y trabajadores en general tuvieron salarios miserables o carecieron de ellos; no existía legislación laboral, tampoco impuestos directos y redistributivos. La oligarquía gozaba de una libertad inigualable y acumulaba riqueza. Forjó así su mentalidad de clase dominante, de manera que cuando la Revolución Juliana por primera vez en la historia nacional impuso el intervencionismo económico del Estado, expidió modernas leyes laborales, dictó la progresista Constitución de 1929, introdujo la “función social” de la propiedad y, sobre todo, fiscalizó a los bancos, creó el Banco Central, institucionalizó el impuesto sobre las rentas e incluso otro sobre las ganancias del capital, la oligarquía estalló: acusó a los gobiernos julianos de “comunistas”, organizó en Guayaquil “guardias cívicas” para proteger la propiedad privada, inauguró marchas de crespones negros contra el “estatismo” y desplegó una campaña mediática inédita en la prensa bajo su control, para defender las libertades supuestamente conculcadas, los patrimonios familiares que el Estado quería supuestamente llevarse y hasta contra la Misión norteamericana Kemmerer, que llegó al país como asesora financiera.
Finalizado el ciclo de los gobiernos julianos, nuevamente esa misma oligarquía recuperó el poder. Pero no pudo desmontar completamente la nueva institucionalidad. Sin embargo, desde entonces y como en una sucesión de oleadas políticas, Ecuador procuró desmontar definitivamente las herencias del sistema oligárquico, como ocurrió con “La Gloriosa” revolución de 1944, y con los gobiernos “desarrollistas” de las décadas de 1960 y 1970 que lograron la modernización capitalista del país.
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